Eutanasia 
Derecho a Morir con Dignidad

 

 

El Tribunal de Derechos Humanos de Europa (Estrasburgo) abre las puertas al suicidio asistido)
- Aprobado suicidio asistido por médico en el Estado de Vermont, USA
 - Eutanasia y pendiente resbaladiza: actualización 2012
-
Día Internacional:  Morir con dignidad, 2010
- ¿Por qué defiendo la eutanasia?

- Eutanasia: Tendencia venezolana. Segundo reporte

- Derecho Médico y Reforma del Código Penal: Aproximación  a la eutanasia

 

 

 

El Tribunal de Derechos Humanos de Europa (Estrasburgo)
abre las puertas al suicidio asistido

 

En el caso Pretty v. Reino Unido, en abril de 2002, ha declarado que el derecho a la vida no entraña como reverso el derecho a morir; y en Haas v. Suiza, en enero de 2011, ha afirmado que los Estados tienen libertad para anteponer la protección de la vida a la autonomía del enfermo que desea morir. Sin embargo, en la sentencia Gross v. Suiza ha abierto la puerta al suicidio asistido al censurar que la Confederación Helvética no defina con claridad en qué casos una persona en plena posesión de sus facultades pueda exigir la prescripción de una sustancia que le ayude a morir, con independencia de que padezca o no una enfermedad grave o terminal.

La reclamante
La Sección Segunda del tribunal ha estudiado el caso de Alda Gross, una mujer que hoy tiene 82 años y que desde hace años ha expresado reiteradamente su deseo de poner fin a su vida. Gross no padece enfermedad reseñable alguna: alega exclusivamente que "no desea seguir sufriendo el declive de sus facultades físicas y mentales" que, de acuerdo con una evaluación médica realizada en 2008, se traduce en dolores de espalda, eczema, temor a los cambios en el entorno y cierta merma en la memoria y capacidad de concentración.
Este mismo dictamen apreció que Gross estaba en plena posesión de sus facultades y manifestaba un deseo de morir mantenido en el tiempo y no atribuible a patología psiquiátrica.

 La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos da un giro a la jurisprudencia que venía manteniendo en relación a las peticiones de eutanasia

Alda Gross solicitó a tres médicos una receta de pentobarbital sódico con el fin de acabar en su vida.Sólo uno se mostró dispuesto siempre que Gross le ofreciera garantías de que no sufriría sanción alguna por este motivo, extremo que estaba fuera de su alcance. En consecuencia, la mujer remitió su petición de pentobarbital sódico al Consejo de Salud del Cantón de Zúrich, que lo negó alegando que ni la Constitución Suiza ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos obligan al Estado a facilitar los medios a quien desea suicidarse.
El caso llegó al Supremo Suizo, que recordó que el Código Penal Suizo exime de responsabilidad al médico que auxilia el suicidio de un paciente que padezca una enfermedad terminal con el fin de aliviar el sufrimiento, pero, en este caso, a falta de enfermedad, negó su petición.

Al analizar el caso, el Tribunal de Derechos Humanos razona que,"sin negar el principio de santidad de la vida protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tribunal ha considerado que en una era de continuos avances médicos y mayor expectativa de vida, muchas personas consideran que no se les debe forzar a prolongar la vejez o a vivir en estados de decrepitud física o mental avanzada que entran en conflicto con las nociones dominantes de la autonomía y la identidad personal".

Recuerda que en el caso Haas v. Suiza -donde el reclamante era un enfermo psiquiátrico- ya reconoció el derecho de las personas a decidir cuándo y cómo poner fin a su vida, si bien antepuso la potestad del Estado para limitarlo. En el supuesto planteado ahora estima que "el deseo de la demandante de que se le proporcione una dosis de pentobarbital sódico que le permita poner fin a su vida encaja en el ámbito del respeto a la vida privada que proclama el artículo 8 del Convenio".

Respecto a la jurisprudencia del Supremo Suizo, el Tribunal de Estrasburgo, que preside Dean Spielmann, hace notar que está estrechamente vinculada a las guías de actuación de la Academia Suiza de Ciencias Médicas, organismo que no tiene carácter público y que el Gobierno no ha aclarado si es posible, y en qué condiciones, que una persona no enferma solicite una receta para poner fin a su vida, lo que "probablemente tenga un efecto amedrentador entre los médicos que, de otro modo, estarían dispuestos a prescribir la sustancia en casos de este tipo.

Prudencia razonada
Pese a estos razonamientos y al respaldo sin ambages y literal a la petición de Alda Gross, el Tribunal de Estrasburgo concluye que, por respeto "al principio de subsidiariedad", su sentencia se limita a establecer que "es labor de las autoridades domésticas emitir guías claras y completas sobre si es posible, y bajo qué circunstancias, que un individuo que no sufra una enfermedad terminal puede obtener una dosis letal de un medicamento. El Tribunal decide, pues, limitarse a concluir que la falta de normas legales y completas violan el derecho de la demandante a la vida privada, sin adoptar en modo alguno un posicionamiento sobre el contenido de esas guías legales".

EL ALCANCE DE UNA SENTENCIA

Los tratados internacionales ratificados por España -como el Convenio Europeo de Derechos Humanos- forman, de acuerdo con la Constitución Española, parte del Derecho interno. De modo análogo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debe inspirar la interpretación legal y jurisprudencial y son vinculantes para los Estados. 
Si, hasta ahora, el Tribunal de Estrasburgo había inclinado nítidamente la balanza hacia el derecho de los Estados a vetar o poner límites al suicidio asistido, la nueva sentencia pone el acento en el derecho a la autonomía, hasta el punto de que no considera que sea preciso una enfermedad para reclamar el suicidio asistido. El fallo se cierra con una matización que parece evitar in extremis una proclamación del derecho a morir, pero es patente que abre una puerta que difícilmente volverá a cerrar.

 

Publicado por Rafael Aguiar Guevara. 15 de mayo de 2013 (Tomado de Diario Médico)  
 

 

 

Aprobado Suicidio Asistido por médico en el Estado de Vermont, USA.

Vermont se convierte en el tercer Estado de USA en aprobar suicidio asistido por médico (End of Life Choice Bill), habilitando a pacientes terminales a solicitar medicación letal. La decisión fue tomada el lunes 13 de mayo de 2013.
Ya Oregon y Washington permitían el suicidio asistido.
Se habilita a pacientes terminales, a los que no les han dado un lapso mayor de seis meses de sobrevida, pedir a sus médicos que le administren dosis letales de drogas para acelerar su muerte.
En esta oportunidad se logró la aprobación por votos en proceso legislativo muy cerrado en la Cámara de Representantes en Montpelier, la capital del estado, por 75 contra 65 votos
,  y no por referendum; La aprobación de la ley debería impulsar a las legislaturas de Massachusetts, Nueva Jersey y otros estados, que consideran proyectos de suicidio asistido, a aprobarlos", agregó en un comunicado. 
Publicado 14 de mayo de 2013

Publicado por Rafael Aguiar Guevara. 14 de mayo de 2013  
 

Eutanasia y pendiente resbaladiza

Uno de los grandes mitos utilizado por los detractores de la eutanasia se encuentra en la denominada “pendiente resbaladiza” (slippery slope) según la cual, una vez aprobada una legislación positiva autorizando la eutanasia en algún país, traería, como inevitable consecuencia, un exagerado incremento en las cifras de eutanasia, así como la práctica de eutanasia en pacientes que no pueden manifestar su voluntad (pacientes en coma, en niños con graves malformaciones, ancianos dementes),  añadidos a los casos de eutanasia en pacientes con enfermedad incurable pero que no se encuentran en fase terminal o situación irreversible, y aquellos casos de simple depresión, o de sentirse carga económica para sus familiares, etc. Todo ello aunado a una pérdida de control sobre las solicitudes y aprobaciones de eutanasia en ese determinado país. Los defensores de esta tesis alegan que no debe aprobarse la eutanasia porque ello conllevaría al incremento de tal procedimiento y en consecuencia, una pérdida del control regulador que tal procedimiento necesitaría.

Ya conversábamos nosotros en el año 2003 (Eutanasia: mitos y realidades. Rafael Aguiar Guevara. Thamer. 2003) sobre este mismo tema y demostrábamos, con el análisis del  III Remmenlink Report  o informe de la Comisión Van Der Wals, también publicado en la Revista Lancet (Van Der Wals Report. Lance ton Line. 17 de junio de 2003), que en Países Bajos (Holanda) las cifras de eutanasia se conservaban dentro del mismo rango aún después de legalizada la eutanasia; es decir, alrededor del 2,6% del total de muertes en dicho país.

Con ese estudio se demostraba, entonces, que la hipótesis de la pendiente resbaladiza no funcionó  como anunciaban los detractores de la eutanasia, como tampoco sucedió en países como Bélgica que, posteriormente, también legalizaron el procedimiento.

Un nuevo estudio sobre eutanasia, suicidio asistido y temas relacionados ha sido publicado en la revista Lancet el 11 de julio de 2012 (www.thelancet.com Published online July 11, 2012 (http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61034-4), y que puede ser revisado en completa versión en trabajo realizado por la Federación de Asociaciones Derecho a Morir con Dignidad (http://www.worldrtd.net/sites/default/files/newsfiles/la).

 

Los primeros datos analizados, y con relevancia para este artículo,  son los siguientes:

 

                               1990                    1995                    2001                2005                    2010

 

                                               

  

  

                 

Número de muertes en The Netherlands

128 824

135 675

140 377

136 402

136 056

 

Número de casos estudiados

 

   5197

 

   5146

 

   5617

 

   9965

 

   6861

 

Más importantes decisiones fin-de-vida

Eutanasia

141 (1·7%)   

257 (2·4%)   

310 (2·6%)   

294 (1·7%)   

475 (2·8%)  

 

Suicidio Asistido

18 (0·2%) [0·1–0·3])

25 (0·2%) [0·1–0·3])

25 (0·2%) [0·1–0·3])

17 (0·1%) [<0·1–0·1])

21 (0·1%) [0·1–0·2])

 

Finalización de vida sin requerimiento activo del paciente

45 (0·8%)   

64 (0·7%)   

42 (0·7%)   

24 (0·4%)   

13 (0·2%)   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 

    

  

  

  

  

   

  

  

                   

 De acuerdo con este cuadro podemos observar que, si bien es cierto existe un incremento leve al 2.8% (2010) si comparado con las cifras de 2005 que eran de 1.7%, podemos afirmar que dicha cifra de 2.8% se mantiene estable con aquellas de los años anteriores (1995 y 2001) que se mantenían en 2,4 % y 2,6% respectivamente.

Ya ha sido explicado, en otras oportunidades y Congresos, que el descenso a 1,7% del año 2005, posterior a la legalización de la eutanasia, se puede determinar fundamentalmente por los mayores requisitos exigidos para tal procedimiento, entre ellos, el deber de los médicos de notificar a las autoridades fiscales sobre los procedimientos realizados, lo cual conllevó a un temor exagerado de los médicos de practicar el procedimiento para no ser enjuiciados, y por otra parte al menor número de procedimientos aprobados, de acuerdo a los requisitos de ley, antes de que el paciente falleciera; razón suficiente para modificar las cifras en los años inmediatos siguientes a la legalización de la eutanasia.

Consultando en el portal de la Federación Mundial de Asociaciones Derecho a Morir con Dignidad podremos apreciar los comentarios que  Rob Jonquiere, ex-Presidente de la Asociación de Eutanasia Voluntaria (Netherlands, Holanda) presenta con relación a estas cifras y cuya argumentación nos explica la variación de las últimas cifras presentadas.
Explica él que:

1.      Entre las razones para justificar el discreto aumento entre 2005 y 2010 (no así con las cifras anteriores que se mantienen estables) es que 8 años después de la legalización de la eutanasia los pacientes conocen mejor que el requerimiento del procedimiento que es tomado seriamente y como posible de realizar, mientras que los médicos confían más en el procedimiento legal sin temor de ser enjuiciados indiscriminadamente,  por una parte; y por la otra, que ambos, médicos y pacientes en general conversan más sobre el tema de la eutanasia, especialmente en períodos más iniciales de su enfermedad, proyectando a futuro su determinación por e procedimiento.

2.      El incremento en el número de procedimientos también se debe al aumento en el número de requerimiento expreso del procedimiento del 4,8% del total de muertes en 2005 al 6,7% en el año 2010; en combinación con un mayor de aprobaciones de procedimientos solicitados: 37% en 2005 contra 45% en 2010..

3.      Las características en las cuales tanto la eutanasia como el suicidio asistido no cambiaron: como siempre, la mayoría eran pacientes jóvenes con cáncer atendidos por su Médico General (General Practitioner)

4.      Se acepta que la razón para la significante razón de reducción del 50% de casos de terminación de vida sin requerimiento previo (de 0,8% en 1990 a 0,1% en 2010) se debe principalmente a que existe una mayor y mejor cultura sobre el tema lo que lleva a las personas a conversar, anticipadamente, sobre este procedimiento con sus médicos tratantes; por lo que, decisiones de último momento, son realmente escasas.
The World Federation of Right to Die Societies concluye, y así titula  su artículo: Estudios de práctica de finalización-de-vida en Netherlands publicadas en Lancet no evidencian la pendiente resbaladiza.
Si analizamos las cifras que se han conocido desde 1999, años antes de la legalización de la eutanasia y hasta esta publicación en Lancet no podemos sino concluir, tal como lo hizo la federación Mundial que el argumento de la pendiente resbaladiza es un total mito y que dicha legalización no ha llevado al temido incontrolable término de cualquier tipo de vida.
 
El procedimiento de eutanasia en estos países ha llevado un estricto control determinado por la ley, y ha impedido, precisamente que esta pendiente resbaladiza se cumpla. Una vez más, tal falacia, ha sido evidenciada.
  
Publicado por Rafael Aguiar Guevara. 30 de julio de 2012

 

 

Día Internacional:  Morir con dignidad, 2010

 

El día 02 de noviembre de 2010 se celebra a nivel mundial el día Morir con Dignidad, más bien conocido como el día por el Derecho a Morir con Dignidad.

Obedecemos al  anuncio por parte de la Junta Directiva de la Federación Mundial de Sociedades Derecho a Morir con Dignidad y nos honra con unirnos, desde Venezuela, con la dignificación de tal día.

Se inició, esta celebración por vez primera, el 02 de noviembre de 2008; día en el cual se realizaron actos significativos en la ciudad de Paris.  La Federación Mundial de Asociaciones Derecho a Morir con Dignidad (World Federation of Right To Die Societies),   de la cual la Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad es miembro,  declaró el día 02 de noviembre como el día Mundial del Derecho a Morir con Dignidad. El primer acto conmemorativo se realizó en Paris, Francia el domingo 02 de noviembre de 2008; en las cercanías de Le Mur pour la Paix (Muro de la Paz) que  es un monumento bastante reciente que está situado en el parque Champ de Mars en Paris desde el año 2000. En el acto se reunieron miembros de las diversas asociaciones mundiales, incluyendo la venezolana, bajo la dirección y coordinación de los directivos de la World Federation of Right to Die Societies, y en el marco de la realización del 17 Congreso Mundial de la Federación. Quedó así declarado el 02 de noviembre como el Día Mundial del Derecho a Morir con Dignidad.  

Todos nosotros, en este mundo globalizado, estamos unidos por nuestra creencia en la autonomía de voluntad y autodeterminación y en la posibilidad de poder determinar el momento digno de finalización de nuestro proceso de vida, cuando el momento crítico ha llegado. Muchas son las vías y procedimientos que forman parte de nuestra creencia, desde las directrices de voluntad por una medicina paliativa, el rehusar tratamiento médico, hasta la determinación de pasar por un procedimiento de eutanasia, cuando ya la vida, por sufrimiento innecesario, se hace oprobiosa para nosotros.

La Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad, se complace y honra al unirse a esta conmemoración internacional, con el deseo sincero por la aprobación de una alternativa legislativa que nos permita, a cabalidad, desarrollar y ejercer nuestro derecho de morir con dignidad y en este sentido anunciamos nuestra mejor disposición por luchar por la aprobación de la despenalización de la eutanasia, contemplada en el último Proyecto de la reforma de nuestro Código Penal.

Rafael Aguiar Guevara
Presidente-Fundador de la Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad
ragaso@cantv.net;     www.ragaso.com

 

  

¿Por qué defiendo la Eutanasia?
 


 

Simplemente, porque es una acción volitiva de la persona humana que se interpreta como la libre expresión del más sagrado y bello regalo (derecho) que el ser humano tiene desde que llega a esta vida: la autonomía de voluntad y la autodeterminación. Soy libre en decidir, según mi libre albedrío, de acuerdo a mis convicciones,  hasta tanto y en cuanto el ejercicio de mi derecho no limite, agreda, obstaculice el ejercicio del derecho de las otras personas. Soy libre de decidir si deseo sufrir o no; si deseo morir con dignidad o si por el contario, debo, por interposición de argumentos ajenos a mi realidad y calidad de vida, sufrir injustamente en el sublime momento de enfrentar el proceso final de la vida; y considerando al mismo tiempo que, la existencia de una alternativa legislativa que me permita a mí ejercer mi derecho de voluntad en una muerte digna no significa  obligación para ningún tercero, ni aún del médico, de aceptarla o practicarla. Vivimos dentro del principio universal de la libertad.

La sencillez de la respuesta conlleva a profundas consideraciones que, por límite de espacio y tiempo, no puedo ofrecer; pero, mi libre decisión de voluntad se manifiesta fundada en otros derechos humanos y principios constitucionales como son: el libre desarrollo de la personalidad; el derecho a la objeción de conciencia; la libertad de culto y religión, el principio de integridad física mediante el cual nadie puede ser sometido a procedimientos diagnósticos o terapéuticos sin su consentimiento; el derecho a rehusar y tratamiento médico, la defensa de los derechos humanos, especialmente su progresividad, de acuerdo al principio constitucional que defiende aquellos derechos enunciados en la Constitución sin que por ello sea obstáculo de no defender aquellos que, aún, no aparecen expresamente señalados en ella;  y finalmente, no por ello menos importante, por el sagrado derecho a la vida que, a la luz de nuestra constitución, ya no puede hablarse de derecho a la vida en abstracto; sino por el contrario, el derecho a una calidad de vida si consideramos que el derecho a la salud, como derecho social fundamental, es inmanente al derecho a la vida. Por ello, mi vida, debe ser plena desde el punto de interpretación holística de mi proyecto vida y salud; es decir, no meramente el mayor estado de bienestar físico y mental de un individuo sino más bien la integralidad de factores que tienen que ver con mi proyecto vida: bienestar  e integridad física, mental, social, biodiversidad, familia, trabajo, etc.,  bajo la convicción que el desarrollo de mi vida se realice dentro de los valores de mi dignidad. Parafraseando al penalista Günther Jackobs,   el valor principal no es la vida misma como fenómeno biológico sino su calidad; es decir, ya no importa hablar de un derecho a la vida, en términos abstractos; debemos considerar el derecho a una calidad de vida, que cuando se ve comprometida, y nos conduce a vivir una vida oprobiosa, indigna, sin calidad, con sufrimiento no solamente física pero también mental, espiritual, social, íntimo personal, no queda otro camino que, según el principio de la libertad Kantiana, tengo un arbitrio, facultad, libertad, autonomía de decisión, que puedo ejercer a plenitud, en tanto y en cuanto, no afecte el arbitrio de los demás: es el principio de la libertad universal; y de acuerdo a ello puedo concluir que tengo el derecho, el arbitrio, a morir con dignidad toda vez que mi arbitrio, mi decisión, mi autonomía puede, cabalmente, coexistir con el arbitrio de los demás.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expresa en su artículo 43 que el derecho a la vida es inviolable, y no se podrá imponer pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. Cómo ya explicamos anteriormente, este derecho a la vida se consagra estrechamente vinculado e inseparable al derecho a la salud, contenido en el artículo 83 (ejusdem), y que debe entenderse como calidad de vida inmanente al derecho a la vida.

Debemos analizar que un derecho, de acuerdo al pensamiento jurídico de Kant, es el conjunto de condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, según la «ley universal de libertad». Según esto, yo como ser humano, tengo el arbitrio, facultad, libertad, autonomía de decisión, de aceptar una resolución con preferencia a otra. Es mi derecho, entonces, a la vida. No se trata, en la norma constitucional, del derecho  de otro, de un tercero, sino del mío, mi derecho a la vida; por supuesto, en el entendido que igualmente debo respetar el derecho de los demás a su decisión   de vivir o no; ese es su derecho. Lo que sí, ciertamente, impone la norma constitucional es una conducta de abstención por parte del Estado y de los particulares, a la restricción a que ninguna autoridad me imponga una pena, entendido como sanción o castigo por una conducta antijurídica, a  la muerte; debe el estado garantizarme, como ciudadano, que nadie podrá violentar mi derecho a la vida, y si acaso me he apartado de la norma de conducta esperada por el legislador, e incurra en delito, se me impondrá cualquier pena, privativa de la libertad o accesorias, cualquiera otra, excepto la de muerte. Ese es el derecho garantista impuesto por la norma constitucional.

El Estado debe garantizarme ese derecho a la vida; a motus proprio, a través del cuido institucional y de la prohibición de imposición de pena de muerte alguna; y la abstención de los particulares a cercenarme mi derecho a la vida mediante el ius puniendi y por los principios garantistas de lex certa y previa que deben llevar a la imposición de sanciones penales al violentarse, sin justa causa, mi derecho a la vida.

Entiendo así que el consagrado derecho constitucional, derivado de la misma forma de preceptos contenidos en las declaraciones universales de los derechos del hombre y convenios internacionales, no es más que un principio de garantía para que mi vida sea respetada aún cuando incurra en delito; tanto así que, en la generalidad de las declaraciones el derecho a la vida no viene aisladamente declarado sino que, por el contrario, siempre se acompaña del precepto de la no condena a pena de muerte.  

Pero de allí, a pensar o admitir, por errónea o manipulada interpretación, que otra persona, tercero ajeno a mí, puede ejercer en mi nombre, en contra de mi voluntad, sin facultad, mandato  o poder alguno, un derecho que no es suyo y obligarme a vivir, en cualesquiera fueran las condiciones del momento, es jurídica y humanamente inaceptable

Respeto profundamente el pensamiento de quienes, desde el punto de vista religioso, se oponen porque, según ellos, solamente Dios nos da vida y sólo Él puede quitárnosla (principio de sacralidad); o porque no debo dejar al hombre trascender la obra del Creador (principio de transcendentalidad), o porque debo sufrir dolor, no importando su cantidad o cualidad, porque con ello revivo la pasión y muerte de Jesús El Cristo (principio de redención). Pero, me pregunto, ¿Qué sucede entonces con el derecho a la libertad de culto y religión? Si yo no pertenezco a la misma religión que otros, ¿Quién es nadie para imponerme un criterio restrictivo con base a un dogma de fe que no, necesariamente, comparto? Pudiese yo decir, ¿Es que acaso Dios no nos ha regalado la oportunidad de avanzar científica y técnicamente como para evitar el sufrimiento y la indignidad de una vida ya en sus postrimerías?

Pero entonces, vienen los bioeticistas y nos alegan: la pendiente resbaladiza: al permitir la primera vez la eutanasia se presentarán millares de casos y se hará imposible detener tanta matanza. Falso! Ya los estudios y reportes en países que la han legalizado han demostrado que el porcentaje de muertes por eutanasia se ha mantenido igual con respecto a la tasa de mortalidad general previa a su legalización y aun después de haberla aprobado, apenas un           1,8% - 2.3 % del total de la mortalidad general.

Entonces alguien gritó: es que la imagen del galeno no está en defender la muerte. Cierto! Está para defender la dignidad de la vida y de allí su juramento deontológico:  el respeto a la vida y a la dignidad humana constituyen el deber primordial del médico. ¿Puede acaso existir algo más bello y humano que un médico ayudándome a aliviar mi sufrimiento y ayudarme a encontrar mi Paz profunda cuando ya, por dolor y enfermedad terminal irreversible mi vida sea indigna de continuarla, oprobiosa de sufrirla y me haya convertido en la irremediable sufrida y vejatoria carga de mis familiares y/o amigos?

Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos oprobiosos, en nombre de creencias ajenas. El derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad (Corte Constitucional. Sentencia 239. 1997. Colombia)

Parafraseo las palabras de Ramón Sampedro a la hora de tomar su decisión: ¿Qué es para Uds. la dignidad? 

(para mayor extensión buscar: Tratado de Derecho Médico, Legis. 2008. Capítulo XV)

Rafael Aguiar Guevara
Médico-Abogado
Presidente de la Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad. (publicado 15 de octubre de 2010)
www.ragaso.com; ragaso@cantv.net

 

 

Eutanasia: Tendencia venezolana. Segundo reporte
Prof. Rafael, AGUIAR-GUEVARA
(presentado en el Congreso Mundial de Derecho Médico. Toulouse, Francia, 2006)
 

 

En el 15 º Congreso Mundial de Derecho Médico (Sidney-Australia, 2004) que presenté el primer informe de tendencia venezolana sobre la eutanasia. Primer informe que contenía los principales doctrinarios y los principios de la bioética que creíamos imperaba en Venezuela, ya sea a favor o en contrario a la idea de la eutanasia en nuestro país.
La libre determinación, la voluntad y el principio de autonomía individual es el aspecto más importante de ellos. Nos obliga a la atención sobre el derecho a la vida de una manera muy distinta.
Según la Constitución venezolana, cada individuo tiene el derecho a la salud. Dos aspectos importantes son la base de este derecho. En primer lugar, el derecho de la salud se establece como un derecho social fundamental. En segundo lugar, el derecho de la salud es inmanente a la derecha de la vida. Allí están tan estrechamente relacionados entre sí, que es imposible, el derecho a la vida sin tener en cuenta en el derecho a un estándar mínimo de calidad de vida. Esto, a su vez, está relacionada con un óptimo estado de salud-no sólo entendido como un desarrollo físico, social y el bienestar mental, pero un óptimo estado de salud sobre la base de esos otros hechos importantes como la familia, el trabajo, la espiritualidad, la ecología y biológicos medio ambiente, la paz, entre otros.
 
En Venezuela, como en la mayoría de los países, el tema de la eutanasia ha sido secuestrado durante mucho tiempo. Tradicionales y ortodoxos doctrinaires, juristas, políticos y profesionales de la salud, en virtud de la autoridad, evidentemente, la influencia de la doctrina católica, han hecho todo lo posible para obstaculizar el acceso de la comunidad para cumplir con su derecho a la libertad de expresión y la discusión de este tema. Incluso los medios de comunicación, especialmente la prensa, se negó a escribir sobre el tema y, según la información que he tenido de varios periodistas, las órdenes vinieron de gestión editorial y propietarios de medios de comunicación, de modo que ha sido el propio sector privado, y no el gobierno, que incurra en una violación del derecho a la libertad de expresión e información. (Analizar la diapositiva)
Otra importante prueba fue una encuesta realizada en Internet por la mayor compañía de comunicación en Venezuela que, por aquel entonces, era privada. Esta encuesta en Internet fue hasta los resultados preliminares mostraron que aproximadamente el 80% de la población estaba en favor de la eutanasia. La encuesta de repente desapareció de Internet sin el cumplimiento de la caducidad del tiempo que se anunció a Internet estará disponible para los visitantes.

Comenzando con el Congreso de la Asociación Mundial de Derecho Médico en Maastricht, en 2002, me decidí a abrir un debate sobre el tema en Venezuela. Eso es lo que me impulsó a visitar, en mi viaje de regreso, los Países Bajos Sociedad de la eutanasia voluntaria (NVVE), con sede en Ámsterdam, donde tuve la oportunidad de conocer a su Presidente, el Dr. Rob Jonquiere. Él muy amablemente a una entrevista en la que explica con gran detalle los problemas que los Países Bajos en la legalización de la eutanasia. Desde que se han incluido el tema de la eutanasia en mis programas de conferencias, además de añadir un estudio a nivel nacional en cada uno de los escenarios en los que he trabajado. En agosto de 2003, había publicado mi libro: EUTANASIA: MITOS Y REALIDADES, donde proyecta mis conclusiones. Podría considerarse como el primer paso importante en las publicaciones relativas a esta materia en Venezuela.

Uno de los hechos más importantes, dentro de esta cuestión, es que por primera vez el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela presentó un proyecto a la Asamblea Nacional (Parlamento) constitutivos de modificación especial del Derecho Penal. Dentro de los artículos que se añadirán los números hay un 217, que considera, por primera vez en Venezuela, la despenalización de la eutanasia en Venezuela.
"No comete delito quien para aliviar el inaguantable dolor o sufrimiento como resultado de una enfermedad terminal o incurable, haga cesar el tratamiento médico a sabiendas de que podría sobrevenir la muerte o aun la producirá.   Tampoco comete delito  quien administre a un enfermo tal calmante en dosis masivas que puedan mitigar el dolor pero también provocar la muerte.   Ni comete delito quien por piedad y de modo directo cause muerte para mitigar su dolor o sufrimiento.

En todos los casos se requerirá indefectiblemente el consentimiento del paciente  y dado de un modo consciente, expreso , de carácter voluntario, e inequívoco. Si no estuviese en condiciones de dar el consentimiento, éste podrá ser sustituido por un testamento vital o documento auténtico en el cual haya manifestado su deseo acerca de tratamientos médicos que desea recibir o no recibir en caso de que sufriera una enfermedad terminal o irreversible, cuando ésta le impidiese expresarse de viva voz o directamente en tal, eventualidad. (omissis...)

Tiene una larga declaración en la que no estoy discutiendo en este breve comentario, pero es bueno que informe el hecho de que el más alto Tribunal fue el avanzar en la promoción de esta enmienda.
He asistido dos veces a la Asamblea Nacional para cumplir con la Comisión, el encargado de la enmienda del Código Penal. En esas oportunidades, lo que les podría explicar mi punto de vista acerca de la eutanasia y que les sean presentados a mi propuesta de enmienda. Mi propuesta fue la de simplificar el artículo y todas las estatales sólo a la despenalización del acto de la eutanasia en el derecho penal, pero dejando algunos reglamentos para una ley especial. Como lo es en otros países como Holanda y Bélgica.
Mi propuesta fue la de simplificar el artículo dejando sólo la despenalización del acto de la eutanasia en el Derecho Penal, pero dejando algunos reglamentos para una ley especial. Como lo es en otros países como Holanda y Bélgica.
La propuesta sería:
No será considerada una ofensa criminal, ni será castigado el médico que, habiendo cumplido con los requisitos y condiciones pautados en la   Ley Especial sobre Terminación de  la Vida a Petición Propia,   intencionalmente pone fin a la vida de quien, por su propia voluntad así lo haya solicitado.
 

A pesar de que todavía no tenemos una aprobación legal para la eutanasia quiero llamar la atención sobre un hecho real. La Federación Médica Venezolana ha promulgado un nuevo Código Deontológico Médico en 2004. Este Código es obligatorio para cualquier médico a practicar la Medicina legalmente en Venezuela. Su artículo 83 (nuevo incluido) ha aprobado: .... el aumento gradual de la dosis de analgésicos potentes, aunque puede acortar el proceso de la vida por la depresión de los centros nerviosos que regulan la respiración
Este hecho constituye un avance dentro de los ortodoxos, conservadores y tradicionales de atención médica y, aunque todavía no aprueba la eutanasia directa y activa, se ha aprobado, por el presente código deontológico, la llamada eutanasia indirecta.

Otro hecho que debemos incluir en este segundo informe de la tendencia de Venezuela en la eutanasia es la fundación de la Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad en marzo, 06-2006. He sido honrado como Fundador de la Asociación y actual Presidente. La Asociación civil, constituye una organización sin fines de lucro con el objetivo principal de educar, orientar, informar, con respecto a la eutanasia de personas. Sin embargo, ninguno de sus miembros, oficialmente, como organización, podrá llevar a cabo ningún procedimiento de eutanasia. Tenemos un sitio web que ofrece, la medida de lo posible, información sobre sus actividades y se publican artículos y noticias relativas a la eutanasia.  Nuestra Asociación es miembro oficial afiliado de la Federación Mundial de Sociedades Derecho a Morir con Dignidad y organiza talleres, conferencias, charlas, no sólo para los profesionales sino también para la población en general. Nuestro objetivo principal es luchar por la aprobación de una ley especial que, como en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, permitir a una persona a decidir libremente el momento de morir con dignidad.

Con el fin de educar a los abogados, jueces, fiscal de distrito de los diputados, forenses, médicos, enfermeras, y de cualquier otro profesional que participan en la atención médica que han incluido un nuevo capítulo en mi último libro que ha sido publicado el pasado mes de abril -2008. Esta publicación incluye los principales aspectos de la antigua libro  y muchos de los nuevos hechos y tendencias en esta cuestión. Por lo tanto, esperamos que para ayudar a los profesionales a comprender mejor los principales temas de la eutanasia y cómo este concepto se desarrolla en todo el mundo.
Conclusiones:
Hay que recordar que la eutanasia no es un acto de procedimiento médico, que no debe depender de la decisión médica, técnica jurídica, ni en las sentencias. Tenemos que entender que se trata de un ejercicio activo de una persona (no paciente) a su derecho de autodeterminación. Que constituye un acto voluntario de la persona  libre que se expresa en su autonomía de voluntad, y  que sólo depende de la decisión de la persona afectada.

Por último, celebramos el hecho inédito que la Federación Mundial de Sociedades Derecho a Morir con Dignidad ha declarado el  día  2 de noviembre, como el Día Mundial del  Derecho a Morir con Dignidad.. Tal Declaración se realizó durante la celebración de su Congreso Mundial en París el mes de noviembre de 2008, en las cercanías de el Mur de la Paix (Muro de la Paz en la Cham de Mars, París, Francia),  y a la cual asistieron representantes de todas las organizaciones mundiales de derecho a morir con dignidad, incluyendo la venezolana.
Otro gran paso en la evolución de la eutanasia.


PROF. RAFAEL, AGUIAR-GUEVARA (publicado 30-ago-2006)
Médico-Abogado
Presidente de la Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad
www.ragaso.com; ragaso@cantv.net

 

 

 Derecho Médico y Reforma del Código Penal:
Aproximación   a la eutanasia.

(Extracto tomado de artículo publicado en
 Anteproyecto Código Penal -Comentarios-
publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
Colección Serie Normativa No 5. Caracas. 2004)

 

Se ha producido un retraso en la autoconciencia  de la sociedad...

...se trata de un miedo difuso de no poder asumir tal comportamiento

a través de una argumentación  racional.

Günther Jakobs

I.  Introducción

El Proyecto de Reforma del Código Penal, presentado recientemente por  el Magistrado Dr. Angulo Fontiveros y colaboradores, significa un exhaustivo trabajo que, si bien pudiese tener algunos aspectos contradictorios entre diversos, honestos y serios, doctrinarios del Derecho,  contiene aspectos relevantes de avanzada que muy bien valen la pena considerar a los efectos de la perfectibilidad que el mismo proyecto significa. Es por ello que me propongo, en las breves líneas que se me han permitido, intentar presentar un enfoque sobre los apuntamientos más importantes que considero deben ser discutidos, entendidos, quizás mejorados, de los artículos que, por su contenido, tienen una relación directa con el Derecho Médico y Sanitario, como rama especial del Derecho (Tulio, A. Diccionario Médico Legal, Buenos Aires, Argentina. Abeledo Perrot. 1999), en el entendido de un conjunto de normas jurídicas y preceptos ético-morales, de carácter Público y Privado, que regulan la actividad del médico con motivo de su ejercicio profesional, la relación médico paciente y las consecuencias que de ella se derivan, estableciendo así los principios fundamentales de la responsabilidad legal médica. (Aguiar-Guevara, Rafael. Derecho Médico en Venezuela. Livrosca. Caracas, Venezuela. 1996).

Es preciso aclarar que, para el cabal entendimiento de la discusión planteada, debemos formular algunas premisas fundamentales sobre las cuales se desarrolla el nuevo paradigma de la relación médico-paciente; siendo, la primera de ellas, la aceptación universal, pacífica, solidaria, en la doctrina internacional, del «modelo horizontal» de la relación médico-paciente, expresión máxima de la manifestación del  principio de autonomía de voluntad y autodeterminación, como exteriorización del animus de una persona en contratar los servicios de otra que queda obligada, entre otras cosas,  a informar todo lo relativo al padecimiento nosológico, procedimientos  diagnósticos, y alternativas terapéuticas, beneficios y riesgos, de forma cabal, oportuna y veraz, para que, con esta información pueda la persona, en ejercicio pleno de sus derechos,  tomar las decisiones concernientes a su proyecto vida y de salud;  derogándose así el aborrecido  y descartado «modelo vertical» de la relación médico-paciente, paternalista, proteccionista, mediante la cual el médico (fuerte de la relación jurídica), tomaba las decisiones que en «su» opinión, creía más provechosa para «su» paciente, según «su» propio modo de pensamiento, «sus» convicciones ético-religiosas, y de acuerdo con «su» criterio científico, sin que el paciente pudiese entrar activamente en la toma de decisiones (débil de la relación jurídica) comportándose como un objeto, y no como un sujeto, de esa relación entre el profesional de la Medicina y el paciente.

Este derecho de las personas a la autonomía de voluntad y autodeterminación, dentro del nuevo modelo de relación horizontal médico-paciente, deviene informado, sustentado, y correlacionado con algunos principios constitucionales; entre ellos: de la integridad física, psíquica, moral, no pudiendo nadie ser sometido a exámenes médicos ni de laboratorio, ergo, nadie podrá ser sometido a tratamiento, sin su consentimiento informado previo (CRBV 46, num. 3); libre desenvolvimiento de la personalidad        (CRBV 20); a la información oportuna y veraz (CRBV 58); a la salud, como parte y derecho inmanente del derecho a la vida del cual forma parte (CRBV 83) y en el entendido de un derecho a la salud desde un punto de vista integral, holístico, que abarca, no solamente un mero estado de bienestar físico, mental y social, sino que depende del óptimo grado de confluencia de factores que interviene en la salud: medio ambiente y ecológico, biodiversidad, familia, trabajo, recreación, paz social, etc. y que  concluye, inexorablemente, en un proyecto vida que significa, aún más que simplemente vivir, se traduce en una calidad de vida necesaria para que ese derecho a la vida quede finalmente consagrado;  de la libertad de culto y religión (CRBV  59); libertad de conciencia (CRBV 61); de no discriminación (CRBV 21).

La segunda premisa a presentar es aquélla que tiene que ver con el derecho a la vida. Estoy profundamente convencido que el principio del derecho a la vida, consagrado en nuestra Constitución (como en algunas otras, que no todas), y siendo que siempre viene acompañado con el  epíteto “... por tanto nadie podrá imponer la pena de muerte...” está referido al principio garantista  que el Estado me debe para que, aún cuando me aparte del patrón de comportamiento esperado por una sociedad determinada, de acuerdo con las normas de conducta preestablecidas y aceptadas, pueda yo ser sancionado con cualquier tipo de pena pero nunca a costa de mi vida. Es por ello que he mantenido que el principio constitucional del derecho a vivir no puede nunca, ad libitum, ser traducido en una obligación de vivir. Principio constitucional que, al igual que todos los demás, tiene un carácter relativo, porque siempre se desarrolla dentro de aquellas limitantes que la propia Constitución y las  leyes imponen. 

Se ha llegado a comentar que el principio del derecho a la vida de absolutista, y respetados doctrinarios del Derecho Penal han opinado que: “...Venezuela es un país vitalista...el derecho a la vida es absoluto...la vida se consolida como un bien jurídico indisponible...Venezuela ha ratificado todos los tratados de DDHH en los que se protege la vida de forma integral...” (Dr. Fernando Fernández. Derecho a la vida. Artículo de Opinión. El Universal. 18 de febrero de 2004). Me permito disentir del concepto absolutista así diseñado por cuanto si nuestra Constitución, en conjunción con nuestras normas positivas de Derecho (especialmente Penal), así lo considerase no existiese la posibilidad de impunidad cuando se  dispone de la vida de otro en legítima defensa o por estado de necesidad; o la posibilidad de disponer de la vida de un feto por salvar la vida de la madre; o aún lograr una rebaja considerable de la pena cuando dispongo de la vida del feto por motivos tan abstractos como salvaguarda del “honor”; o por otra parte, quedar impune frente a la ley cuando se dispone de la vida de otro a quien no se  le permite acceder a un centro de salud por bloquear una calle en un supuesto ejercicio constitucional  del derecho a la manifestación.

Por otra parte, se proyecta el derecho absolutista de la vida desde las organizaciones internacionales de los Derechos Humanos; y me pregunto, ¿Son esos mismos  organismos internacionales de Derechos Humanos que se sientan en la mesa a discutir del derecho a la vida con países que aún mantienen la pena capital (incluso en menores de edad)?; o ¿Serán aquellos mismos organismos internacionales defensores de los DDHH que desaplican la Convención de Ginebra  cuando,  quid divinum,  califican de “combatientes irregulares” a presos  de una invasión, y luego trasladan a estos “irregulares”, encadenados, enjaulados, y dormidos (con anestésicos)  contra voluntad, y sin vigilancia médica, para ser trasladados a sitios de reclusión donde se mantienen incomunicados, sin debido proceso, sin derecho a la defensa,  y con muchas otras violaciones básicas a los Derechos Humanos por parte de aquellos que, aún, se mantienen renuentes, por sus propias conveniencias e intereses, sin suscribir el Estatuto de Roma, para referirme a la materia estrictamente penal o que  se niegan a suscribir el Convenio de Kioto, para mencionar alguno que de alguna forma tiene que ver, finalmente, con la salud? 

El derecho a la vida y el derecho a la salud, se mantienen estrechamente relacionados, y se traducen, exponencialmente, en el proyecto de una calidad de vida, a la cual, lejos de constituirse en un mero bien jurídico protegido o tutelado por el Estado, especialmente por el Derecho Penal,  es un derecho inmanente del ser humano que nadie puede subrogarse  para  describir, otorgar, reconocer. Es de él, del ser humano, inherente de la persona, que involucra, en su concepto de progresividad, la defensa de aquellos derechos que, aún no descritos en nuestra Constitución,  no por ello debe entenderse como una negación  de los mismos por no figurar expresamente en su articulado (CRBV 22).  

Es por ello que, a la luz de los artículo 43 y 83 de la CRBV no podemos seguir hablando, aisladamente de un derecho a la vida sin considerar el derecho a la salud, que forma parte inherente del primero, y nunca más podremos referirnos aisladamente a tales principios sin mencionar que ambos concretan en un derecho a una calidad de vida traducida por los factores antes mencionados. De allí que estos nuevos conceptos han llevado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades a considerar la conceptualización de la calidad de vida y al respecto ha sido diáfana al señalar en concreto:

 

Estas ideas llevan, a su vez a la Sala a delimitar qué debe entenderse por calidad de vida. Desde un punto de vista estricto, que es el que interesa a esta Sala, la calidad de vida es el producto de la satisfacción progresiva y concreta de los derechos y garantías constitucionales que protegen a la sociedad como ente colectivo, como cuerpo que trata de convivir en paz y armonía, sin estar sometida a manipulaciones o acciones que generen violencia o malestar colectivo, por lo que ella, en sentido estricto, no es el producto de derechos individuales como los contenidos puntualmente en el Capítulo de los Derechos Humanos, sino del desenvolvimiento de  disposiciones constitucionales referidas a la sociedad en general, como lo son –sólo a título enunciativo- los artículos 83 y 84 que garantizan el derecho a la salud; el 89, que garantiza el trabajo como hecho social; los derechos culturales y educativos contenidos en los artículos 99, 101, 102, 108, 111, 112 y 113 de la Carta Fundamental; los derechos ambientales (artículos 127 y 128 eiusdem); la protección del consumidor y el usuario (artículos 112 y 114), el derecho a la información adecuada y no engañosa (artículo 117) y, los derechos políticos, en general. (TSJ-SC. Decisión 656, 30-jun-2000; entre otras)

 

Concepto holístico integral del  proyecto y calidad de vida que tomado individualmente debe ser defendido impidiendo que, por criterios meramente restrictivos, oprobiosos, fundamentados en creencias ajenas, pueda   la sociedad, de forma colectiva o difusa,  intentar limitar estos individuales y personalísimos derechos  y abrogar los mismos imponiendo de forma punitiva una limitante que impida al individuo ejercer a cabalidad sus derechos individuales.

Comenta Jakobs en este sentido (Günter Jakobs. Estudios de Derecho Penal. Editorial Civitas. España. 1997) que en esta época ya el Estado no es aquella institución que administra objetividad, verdad y moralidad, sino que, en el mejor de los casos, el Estado es garante de las condiciones externas para ello: protección, la previsión y las prestaciones del Estado que no solamente garantizan la supervivencia, sino también la calidad de vida

Es entonces esta calidad de vida, informada por la conjunción de nuestros principios constitucionales contenidos en los artículos 83 y 43, lo que ha llevado a adelantar, en el Proyecto de Reforma del Código Penal, una alternativa, viable, siempre opcional no obligatoria, para que aquellos que no consigan objeción alguna de conciencia, puedan tener la posibilidad de adaptarlas dentro de su vínculo normal de desempeño en esta sociedad, llámese el paciente en fase terminal, llámese el profesional de la salud quien debe velar por su paciente, como persona, como sujeto de una relación jurídica, desde su inicio y hasta su finalización.

En la debida ponderación de los bienes jurídicos enfrentados, hemos de examinar la realización de las concretas acciones que se exigen a una persona quien, ante una enfermedad cualquiera (enfermedad terminal irreversible y muerte inminente; o por rehusar tratamiento médico como una transfusión de sangre en el caso de aquellos grupos religiosos que no la aceptan) es necesaria para la satisfacción del bien al que se ha reconocido un valor preponderante. Es indiscutible que el juicio ponderativo  efectuado, en lo que ahora estrictamente interesa, confronta no meramente el derecho a la vida de la personas en tanto sí importa como el derecho a una calidad de vida expresada en los términos que nuestra Sala Constitucional ha señalado en diversas oportunidades. La vida no puede seguir siendo entendida exclusivamente, de forma abstracta, como un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional sino que además, es oportuno señalar que, la decisión de enfrentar la propia muerte, por negación de tratamiento médico, no es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional; integrando  a sí mismo en la noción que los conceptos de orden y salud públicas, como limitantes exclusivas del daño (principio limitante del daño como vía de excepción al ejercicio de la autonomía de voluntad y autodeterminación), no devienen aplicables en estos casos de rechazo a tratamiento médico, cuando por prevalecer un derecho a una calidad de vida aceptable y digna, la persona opta, libremente, por rechazar tratamiento médico, sin que pueda entenderse que exista afectación del orden o salud públicas, por cuanto no existen riesgos para la seguridad o salud del colectivo  en general. La decisión, por reiterada jurisprudencia constitucional, incluso internacional, es personalísima, y no afecta intereses ni del Estado ni del colectivo y mucho menos de sus particulares.     

 

Las premisas introductorias, así consideradas, nos inducen,  dentro del marco del Proyecto de Reforma del Código Penal, in comento, a la discusión de si las personas, en expresión de su derecho a la autonomía de voluntad y autodeterminación, pueden, por ejemplo, rechazar tratamientos  médicos; no solamente en el caso de rehusarse a aceptar medidas extraordinarias de sostén de vida (Unidades de Terapia Intensiva, ventiladores mecánicos, resucitación cardiopulmonar, etc.) sino también a ciertos tratamientos que, desde la óptica del derecho a libertad de culto y religión, podría rehusar una persona a una  transfusión de sangre, como en el caso de los Testigos de Jehová, quienes, dentro de sus profundas convicciones religiosas, prefieren enfrentar una muerte digna antes de violentar sus principios de fe y convicción religiosa que,  aún diferentes a las del médico, éste se debe a su respeto, por mandato constitucional.

Así las cosas, ya podemos, prima facie, adentrarnos en el campo del derecho de las personas relativas al área de la salud, y de cómo este Proyecto de Reforma del Código Penal, introduce conceptos de vanguardia, cabalmente respaldados por la doctrina y jurisprudencia internacional, que, lejos de estériles  y arcaicos dogmas y mitos ego centristas,  permitirán al profesional de la Medicina poder respetar la ser humano como tal, y aceptar que, más allá de un culto a ultranza de la vida, también debe el galeno estar preparado  a servir y acompañar a su paciente, con valor y profesionalismo, cuando éste decida rehusar algún tratamiento médico, como en el caso comentado supra, o como en tan debatido tema de la eutanasia al cual también dispondremos algunas consideraciones.  

 

II. De la eutanasia     

El artículo 217 del Proyecto de Reforma del Código Penal,  en comento, contempla, por vez primera en Venezuela, que no comete delito quien, en las formas alternativas descritas en el artículo, cause la muerte a alguien, quien padezca de enfermedad terminal o incurable.

La discusión doctrinaria sobre este tema siempre ha sido amplio y muy contradictorio; sin embargo en la mayoría de las opiniones ofrecidas, encontramos argumentos que, sancta sanctorum, intentan secuestrar el tema  e impedir que, dentro de los parámetros de racionabilidad científico-jurídica, pueda la eutanasia ser analizada sin aquellos visos de pecado o materia impura que ni el médico ni el abogado puedan siquiera considerar en sus pensamientos.

No es mi objetivo, en esta oportunidad, entrar en repetición de fundamentos que he ya presentado en obra escrita desde el año pasado (Eutanasia: mitos y realidades. Editorial Thamer. Caracas. Septiembre-2003) y a la cual me permito referir al lector interesado en profundizar sobre el tema; pero, no deja de ser importante plantear algunas ideas que nos ayuden en la comprensión de la norma  aquí analizada.  

En la introducción presentamos dos premisas fundamentales sobre las cuales todos estos temas se desarrollan: autonomía de voluntad y autodeterminación; derecho a la vida, pero en la máxima expresión de calidad de vida; derecho a la salud como derecho inmanente del derecho a la vida; y por qué no: un derecho a morir con dignidad.

Dentro del derecho a vivir libremente, bajo el principio de la igualdad universal, sobre el cual cada ser humano es libre en su acción dentro del respeto del derecho de los demás, como limitante de excepción, debemos comprender que el ser humano debe estar capacitado para tomar decisiones que solamente lo afecten a él, y por cuyas decisiones no se afecten ni el orden ni la salud públicas.

En este contexto, y bajo el criterio jurisprudencial de  diversas Cortes y Salas Constitucionales, se acepta que, la decisión de un particular, tan individualizada como el derecho a rehusar tratamiento por firme convicción religiosa, o rehusar a medidas extraordinarias de sostén artificial de vida, son decisiones tan personalísimas que en ninguna forma afectan, ni pueden ser consideradas como de afectación del orden o la salud públicas. Reciente decisión polémica de una enferma en Italia, de 62 años de edad,  de Génova, quien  presentaba una gangrena húmeda en su pié izquierdo, que seguramente evolucionaría hacia una gangrena séptica de no recibir tratamiento médico, y a quien se retiró, contra opinión médica del Hospital, todo tipo de tratamiento médico. La paciente falleció recientemente (Diario Il Corriere della Sera, reportado por Francisco León;  Cuadernos de Bioética, Marzo de 2004). Antes de dejarla marchar, los médicos de Milán consultaron a un juzgado de la ciudad, que ha recordado la jurisprudencia basada en una sentencia del Tribunal Supremo, que hace dos años estableció que no se puede aplicar un tratamiento en contra de la voluntad del paciente. Única posibilidad: la persuasión.

En mi opinión, no se puede, por razones, fundamentos, o criterios restrictivos como lo son el derecho a culto o religión, impedir una solución legislativa que ofrezca la alternativa, para aquel quien la desee, de poder optar por una decisión de final de vida que solamente interesa a aquel quien sufre una enfermedad con características terminales e irreversibles; y máxime aún cuando ni el Estado ni los particulares pueden garantizarle el derecho a una idónea atención médico-asistencial, ni tratamiento eficaz o efectivo para impedir los daños colaterales insufribles que este tipo de pacientes deben soportar y considerando que ya ni siquiera se pueden considerar que son de ningún tipo de utilidad y que por tanto privarían al Estado y/o a la comunidad de algún servicio o desempeño especial.

Los argumentos que se han presentado en contra de la eutanasia, son variados, pero resultan ser los mismos en todos los países; y presentan un factor común denominador: son argumentos pertenecientes a grupos minoritarios por lo que consideramos nula su aplicabilidad por cuanto no se pude, a partir de un criterio minoritario, imponer una norma de conducta restrictiva, que por lo demás va en detrimento de otros derechos de las personas.

Desde el punto de vista religioso, fundamentalmente católico, vale la pena mencionar: 

  1. El principio de la sacralidad de la vida según el cual solamente Dios entrega la vida, ergo, solamente Dios puede quitarla. En concordancia con el principio de la trascendentalidad, mediante el cual no se puede aceptar, por concepto, que el hombre, que ya viene produciendo la vida a su antojo (técnicas de reproducción artificial o asistida, clonación, etc.), no debe, en consecuencia, poder también fijar el momento de la muerte, porque de aceptarlo, se trasciende el objeto, misión, esencia  y la existencia misma de “El Creador”: De la misma forma el principio de la redención, según el cual la enfermedad incurable y el dolor son un regalo de Dios que le permite a quien la sufre de redimirse y revivir la resurrección del Señor.

Todos estos criterios, ciertamente respetables, funcionarían  en tanto y en cuanto yo pertenezca a la misma religión (católica-apostólica)  de aquel quien intenta impedir la alternativa legislativa a la eutanasia. Pero bajo el criterio del derecho constitucional del libre culto y religión, sin discriminación alguna, no se puede limitar, restringir, a un buen grupo de la población, una alternativa viable para aquellos quienes no comparten el criterio religioso del legislador.     

Algún otro, así llamado doctrinario ortodoxo, ha opinado que la eutanasia no puede practicarse simplemente porque lo prohíbe la ley penal. Debemos recordar que la vinculación del Derecho Penal a la protección de bienes jurídicos debe ser entendida de forma progresiva por cuanto la misma concepción del bien jurídico, que  aun siendo  siempre de tipo normativo, no por ello es definitiva e incoerciblemente estática, porque dentro del marco de las finalidades constitucionales está abierta al cambio social y a los progresos del conocimiento científico. (Claus Roxin. Derecho Penal. Parte General. Civitas. España. 2001).

Es por ello fácil entender que la protección de normas morales, religiosas, ideológicas, cuya vulneración no tenga repercusiones sociales, no pertenece en absoluto a los cometidos de Estado democrático de Derecho, que por el contrario también debe proteger  las posiciones discrepantes de las minorías, y su puesta en práctica (ibidem).

En este sentido, si recordamos que una norma jurídica no es más que una regla de conducta que la comunidad ha aceptado como conveniente, necesaria, para que esa comunidad específica, sea regida al amparo de esa norma, dentro de un espacio geográfico y tiempo determinado (opinio juris necesitatis) , podemos entender que la misma comunidad, adecuada y contemporanizada a otros tiempos más modernos, puede considerar innecesaria la norma previamente impuesta y reformarla para adecuarla a su nueva realidad; la norma jurídica es y será siempre reformable; por lo que el criterio simplista que la norma lo prohíbe es francamente inaceptable. 

 Como expresión externa del principio de la autonomía de voluntad y autodeterminación, internamente, debemos apreciar que, con base en su derecho a la información oportuna y veraz, a la cual tiene derecho la persona quien sufre de algún padecimiento mórbido, es la persona quien refleja su animus interno de aceptación o no del tratamiento médico indicado mediante su consentimiento informado, legítimamente declarado, (ver: Consentimiento Legítimamente Declarado en Tratado de Derecho Médico. Rafael Aguiar-Guevara. Legis Lec Editores. Caracas. Agosto, 2001). El consentimiento legítimamente declarado es pieza fundamental en la relación médico-paciente y obedece, en su momento, al principio de integridad física, y libre desarrollo de la personalidad. Por su parte, son muchos los análisis realizados con respecto del consentimiento informado (legítimamente declarado),  y de cómo esa  libertad plena de acción de quien de forma consciente, libre, voluntaria, exterioriza su deseo o no a recibir tratamiento médico, puede excluir, en un momento determinado, según el caso, manifestar la exclusión del tipo penal o justificando la conducta. Sin embargo, algunos tratadistas que aceptan la eficacia del consentimiento en operaciones mutilantes como la esterilización, extracción de órganos, extracción de órganos en menores de edad quienes no pueden aún manifestar su voluntad a los fines de servir de donantes para un hermano, o aún, como el reciente caso de Inglaterra mediante el cual se “crea” (no se procrea) por técnicas de reproducción artificial asistida un embrión que será (no realmente un hermano) sino un repuesto donador de médula ósea para el primogénito de la pareja que así lo había decidido; aún y cuando estos tratadistas aceptan la eficacia del consentimiento  para estos casos, que verdaderamente tienen repercusión social, no aceptan la eficacia de la voluntad interna, libre, soberana, autónoma, determinada, de  aquella persona quien libremente decide por una opción de muerte digna ante una enfermedad ciertamente incurable, terminal, irreversible, y a quien la medicina paliativa no ofrece ninguna alternativa viable para aliviar su dolor o las condiciones oprobiosas bajo las cuales finaliza su propia vida; lo que resultaría,   prima facie, una insostenible contradicción conceptual. 

Sin embargo, doctrinarios contemporáneos, coinciden en que la problemática actual, especialmente referida a la eutanasia, y  a temas similares, es un una cuestión que obligadamente se discute desde los criterios de lege lata y que inevitablemente induce a la discusión académica del tema. Estoy profundamente convencido que no puede existir ningún injusto en los casos de la eutanasia, vista como una lesión mediada desde afuera, desde un tercero, quien, respetando la voluntad del paciente, en condiciones que la propia ley puede determinarle, actúa como autor mediato, participando incluso desde el exterior en la organización de la materialización del resultado final de muerte, y que debe ser siempre asimilable o comparable a aquellos casos de exclusión de penalidad en los supuestos de heterolesión por cuanto quien sufre la lesión elimina el injusto al consentir de manera expresa la actuación del tercero (médico)  quien participa, no por su deseo o animus de matar simplemente, sino porque siendo quien tiene el conocimiento profesional, tanto de la irreversibilidad de la muerte como de la metodología científica para concluir el ciclo vital, es llamado a participar activamente en «ayuda» para ese paciente terminal.      

Así las cosas, puedo entender que debemos analizar estos temas desde la lege ferenda que nos invita a participar, sin miedo, en un cambio de paradigmas, especialmente referidos  a momentos en los cuales debemos asumir que el comportamiento humano sólo es socialmente relevante, y relevante para el Derecho Penal en cuanto al comportamiento que lesiona, no pudiendo existir exactamente una lesión en quien se espera su muerte en horas a máximo un par de meses, y quien solicita, en la mejor expresión de su derecho a no sufrir dolor, soportar condiciones indignas y oprobiosas de vida, no sufrir tratos degradantes, solicita lo único que la ciencia Médica puede ofrecer para el momento: una muerte con dignidad.

Es por ello que lejos de profundos análisis de si la conducta del médico pudiese entrar en el campo de la punibilidad, del tipo (en sus elementos subjetivos u objetivos), o de la exclusión del tipo en casos de la así denominada eutanasia indirecta;  o si por el contrario, debemos asimilar el dolo eventual en los casos de uso de analgésicos potentes al considerar la representación del desenlace fatal como concausa (daño colateral) del efecto de la analgesia en las situaciones de la eutanasia indirecta, o si acaso el problema es más bien  de culpabilidad, y de allí de considerar las conductas de omisión (no iniciando o continuando tratamiento médico) o de acción (desconexión activa de un sistema de ventilación automática), todo ello, en mi opinión queda muy bien para los salones de nuestras Escuelas de Derecho, y desde un punto de vista meramente académico.

Mantengo que: eliminado el tipo se acabó la discusión. El mismo Roxin en sus consideraciones sobre eutanasia puntualiza con exactitud: “se trata de problemas existenciales que tratan acerca de la decisión de la vida o de la muerte, que hace que por  lo general apenas puedan ser susceptibles de regulación a través de  normas abstractas; pues el Derecho vive de situaciones cotidianas tipificables y no siempre puede acertar con la singularidad del proceso mortal a través de su conceptuación generalizadora; especialmente  porque se dificulta un acuerdo sobre lo permitido y lo prohibido en la medida en que la eutanasia no es dominio exclusivo de los penalistas”. (Klaus Roxin. Tratamiento jurídico-penal de la eutanasia. Revista de Derecho Penal. RECPC,  Julio-1999) 

Es por ello que he planteado que el tema de la eutanasia se encuentra secuestrado; es una cuestión que, ab initio, no pertenece a los juristas, ni a los médicos, ni a los biólogos, ni a los religiosos. Es un problema de discusión social, le pertenece por derecho a la comunidad, a la sociedad. La ponderación debe ser absolutamente inclusiva de la posición de  lege ferenda que se propugne en esta materia; dejemos que la comunidad de manifieste, y luego, sí, entonces cuando la comunidad adopte su decisión podremos llamar al concurso de los médicos, juristas, bioeticistas, para que nos indiquen el camino de regulación, y poder concluir, proeter legem, hacia una alternativa legislativa viable, que respeta la voluntad incluso de minorías, y sea consecuentes con otros principios como el del derecho a religión, libre culto, libre desenvolvimiento de la personalidad, integridad física, psíquica y moral, salud integral, etc.

 Considero finalmente que el argumento de la pendiente resbaladiza (slippery slope), mediante el cual se sostiene que de aprobarse la eutanasia entraríamos, inevitablemente, en una situación de descontrol, y que los casos de eutanasia se incrementarían injustificadamente, y especialmente a expensas de los llamados grupos minoritarios o vulnerables (SIDA; privados de libertad, pacientes geriátricos; discapacitados, etc.) se ha erigido en una de las grandes falacias y mitos de este siglo que ya están, suficientemente debatidos, incluso científicamente, cuando conocemos, por el Tercer Remmenlink Report (del autor Gerrit Van Der Wals, correspondiente a mayo de 2003 e incluso publicado en una revista médica indexada internacionalmente: Lancet;  y cuyas cifras mantengo actualizadas por comunicaciones personales que mantengo con el Presidente de la Sociedad Holandesa de Eutanasia (NVVA) Dr. Rob Jonquiere) conocemos que el índice de procedimientos de eutanasia con respecto a la tasa de mortalidad general se ha mantenido estable en 2.4% a pesar de la legalización de la misma desde su promulgación en 2001, efectiva en 2002. Cifras similares se han logrado en Bélgica, país donde también se ha aprobado legislativamente; por lo que el misterio de la pendiente resbaladiza es una argumento estéril, sin sostén, sin fundamento. Según el Reporte, tampoco se ha evidenciado que disminuya la diligencia médica en los casos de pacientes en fase terminal; no ha habido incremento en los procesos de eutanasia a expensas de los grupos minoritarios o vulnerables; por lo que el criterio que con la eutanasia se llevarían a un exterminio de viejitas e incapacitados, es totalmente falso.

 Vale la pena comentar, porque los detractores ab irato del tema también lo han alegado, que el mejor ejemplo de los peligros de la eutanasia lo constituye el caso alemán. Recordemos que jamás podríamos asimilar tal comparación por cuanto lo sucedido en Alemania, durante la época nazi Hitleriana, fue un exterminio, injustificado, selectivo de población, con bases religiosas (exterminio de población judía), racista, sin enfermos y en contra de la voluntad de los fallecidos; es por ello que advertimos una manipulación sin causa por cuanto no es, ni será nunca lo mismo lo que se constituyó en uno de los más inaceptable genocidios, como crimen de lesa humanidad, contra lo que significa el concepto de eutanasia.

 Algo parecido sucede con el argumento  de que en Los Países Bajos (Holanda) habrían aumentado los casos de eutanasia porque la gente migra a ese país para obtener el procedimiento; lo que evidencia una gran ignorancia en el tema porque cualquiera que hubiese leído la ley y estudiado a fondo la problemática daría cuenta de la realidad: aplica solamente para ciudadanos de esos países.    

Planteada como ha sido la cuestión de interpretación del derecho a la vida, y abarcando sus fases iniciales y finales, podemos preguntarnos: a) si el derecho a la vida es absoluto; b) si su reconocimiento como derecho constitucional comporta el correlativo deber del Estado de protegerla más allá de la voluntad de su titular.

Son muchos los casos y situaciones jurídicas, incluso aquellas contenidas en la legislación nacional y comparada de Derecho Penal que me llevan a concluir que definitivamente no es un derecho absoluto; prueba de ello mencioné en los inicios de este ensayo los casos de legítima defensa, estado de necesidad, los países que aún mantienen penal capital y dirigen organismos internacionales de derechos humanos, y la conducta omisiva de estos organismos ante casos de muerte indiscriminada de civiles por personal militar bajo la impunidad de alegato del error técnico o del necesario daño colateral (casos Afganistán, Irak, Haití, etc.) y que no resultan ni punibles ni sancionables.

 

Con respecto a la segunda situación planteada, de si tal derecho constitucional a la vida significa, némine discrepante, una obligación de vivir, y  que comporta el correlativo deber del Estado de protegerla más allá de la voluntad de su titular; pues ya he sentado mi criterio negativo al respecto, y siempre respetando la pluralidad de convencimientos porque entiendo y acepto que las discusiones doctrinarias al respecto son múltiples y variadas. Sin embargo, solamente como apoyo, quizás innecesario pero siempre académico, la posición de autores como Cobo del Rosal y Carbonell según la cual la libertad se encuentra en la cúspide de los valores y el ordenamiento jurídico, y hay que interpretar todos los derechos fundamentales de la persona como emanaciones del derecho al libre desarrollo y desenvolvimiento de la personalidad, o si se prefiere, de la dignidad de la persona humana. (Manuel Cobo del Rosal-Juan Carbonell. Derecho Penal, Parte Especial. Ediciones Tirant LO Blanc. Valencia. España. 1988).  

En mayor abundancia, y referido entre muchísimos otros autores, al tratar el tema de la eutanasia, valga la opinión de mi amigo Romeo Casabona: “En mi opinión, la Constitución Española no lo prejuzga así en su artículo 15 , al igual que los Convenios Internacionales mencionados. De allí solamente se deduce que nadie puede ser desprovisto de la vida sin su voluntad. A ello se limita el deber del Estado derivado del reconocimiento de ese derecho fundamental: el deber de respeto de este derecho  y de protección frente terceros”. (Carlos María Romeo Casabona. El Derecho y la Bioética frente a los límites de la vida humana. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid. 1996).

 El ejercicio de mis derechos constitucionales implica la limitación que los mismos tienen al acercarme al límite del inicio de ejercicio del derecho de los demás. Vivimos en una sociedad moderna, plural, dinámica, capaz, en la cual podemos fácilmente aceptar la posibilidad de una alternativa legislativa que le permita, a quien no presente ninguna objeción de conciencia, hacer uso de esa posibilidad (eutanasia) sin que por ello se pueda inferir que existe, de aprobarse, ninguna obligación ni para el paciente, ni para los médicos. Frente a los dilemas terapéuticos se presentan diversas modalidades de tratamiento. Frente a un cuadro de angioesclerosis, cardiopatía isquémica, infarto del miocardio, habrán los médicos conservadores que sugerirían tratamientos no invasivos a base de sustancias trombolíticas; como también existen aquellos que piensan que es mejor ser invasivos, y de allí modalidades: desde la angioplastia primaria con colocación de tallos, e incluso tallos (stem) con rapamicina  que son sustancias que previenen la re-estenosis y cuyos costos se elevan hasta US$ 3500 (solamente el tallo). Un médico de uno de estos criterios (no invasivo) no está obligado a seguir el criterio de los otros (invasivos) pero la alternativa existe; y al momento de desearla allí la tiene. Unos pediatras piensan que la fimosectomía (circuncisión) es mas saludable, para él y para su pareja (menor incidencia de enfermedades urogenitales; y menor incidencia de cuello uterino en la mujer); pero otros médicos, piensan lo contrario. Sin que se pueda decir, con certeza ni criterio absolutista, que ninguno de los dos tiene plenamente la verdad. Pero el paciente, al momento de ser informado, oportuna y cabalmente, podrá tener la oportunidad de decidir cuál de las dos opciones le parece más viable en su proyecto vida, en su proyecto salud.

Luchamos por una alternativa legislativa viable que  no obliga a nadie. Tengo el derecho constitucional de circular por todo el territorio nacional; pero este domingo, quizás decida no ejercer mi derecho, y decida quedarme en casa descansando. Pero si se me ocurriese a media tarde del domingo salir a pasear, estoy seguro (salvo las abominables costumbres inconstitucionales de los llamados trancazos impunes) de poder ejercer mi derecho a la libre circulación, por poseer esa alternativa legislativa y constitucional.

Es así que me manifiesto plenamente a favor de luchar por la alternativa legislativa propuesta, independientemente de la posición que se adopte frente a la eutanasia, al momento de tener que decidirla, como médico o como paciente; pero existe una gran cantidad de personas que definitivamente están a favor y prueba de ellos están las encuestas nacionales que he tenido oportunidad de realizar, y otras de conocer y que evidencian una inclinación de 87% a favor de la alternativa legislativa

 

PROF. RAFAEL, AGUIAR-GUEVARA  
Médico-Abogado
Presidente de la Asociación Venezolana Derecho a Morir con Dignidad
www.ragaso.com; ragaso@cantv.net